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Avanza el aterrizaje suave en la elección de la JCE: Análisis de Juan Bolívar Díaz
Las declaraciones
de los ministros de la presidencia Gustavo Montalvo y José Ramón
Peralta marcaron esta semana la opción del gobierno por el “aterrizaje
suave” en la elección de los titulares de la Junta Central Electoral
(JCE), frenando los ímpetus de senadores y dirigentes partidistas que
pregonan la simple imposición del poder político.
Al caer la semana se daba por hecho en
múltiples ámbitos políticos que el gobierno impulsaría un consenso para
llevar al doctor Julio César Castaños Guzmán a la presidencia del
organismo, acogiendo el reclamo de árbitros electorales independientes
enarbolado por toda la oposición política y cada vez más amplios
segmentos de la sociedad civil.
Lanzamiento de Montalvo
Para el miércoles 2 estaba
anunciada la decisión sobre la elección de los cinco nuevos titulares de
la JCE en la Comisión Especial del Senado que en los últimos tres meses
recibió y procesó los expedientes de 222 aspirantes a esos cargos, los
cuales ya habrían sido reducidos a 60, y predominaba el discurso de que
sólo los senadores tienen facultad para deliberar al respecto.
José Ramón Peralta
Pero el martes 1 el diario HOY desplegó
la opinión del ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, quien
expresó: “confío que la nueva JCE se conforme con personas idóneas, que
tengan el perfil adecuado, que sean personas que no estén atadas a
ningún compromiso de ninguna naturaleza, ni que respondan a partidos
políticos o a grupos de presión”.
El “aterrizaje suave” del gobierno incluiría al doctor Santiago Sosa, quien fuera dirigente de Participación Ciudadana, y en los últimos años preside la Junta Electoral del Distrito Nacional. Suenan también Henry Mejía, vinculado al Partido Revolucionario Dominicano, el actual director del departamento de partidos políticos de la JCE, Guarino Cruz, la abogada y comunicadora Carmen Imbert Brugal
La opinión cayó como bomba entre los más
pugnaces del Senado y del partido de gobierno y en su inmensa legión de
comunicadores, algunos con tantos ímpetus que dieron por hecho que la
comisión propondría las ternas y se procedería de inmediato a la
elección en la sesión previamente convocada para el miércoles, lo que no
ocurrió, a lo que también contribuyó otra declaración, esta vez del
ministro Administrativo de la Presidencia.
José Ramón Peralta, quien hace semanas
era parte de la línea dura de la imposición y llegó a descalificar hasta
los reclamos de la sociedad civil, avaló de inmediato a Montalvo,
indicando que “La ley dice que lo mejor es que sean jueces sin
vinculación política, independientes, y que si no hubiese
independientes, que sea una junta equilibrada. Es lo que dice la ley y
yo me acojo a lo que diga la Constitución”.
Una decisión del gobierno
Sólo los fanáticos intentaron desconocer las señales del gobierno. Gustavo Montalvo y Peralta son los dos funcionarios principales del presidente Danilo Medina, y el primero ha sido catalogado como un primer
ministro, quien por demás es el más renuente a dar opiniones a la
prensa, pero que junto a su equipo técnico-jurídico y político ha
asumido decisiones importantes en cuestiones conflictivas, como fue el
caso de la ley para amortiguar la sentencia de la desnacionalización,
la observación al código penal en el asunto del aborto terapéutico o la
rectificación sobre los terrenos de Bahía de las Aguilas.
Representantes de los partidos de oposición
La realidad es que el presidente Medina
no ha sido indiferente en ningún caso, sino que ha dejado que “el equipo
de Montalvo” cargue el peso de las cuestiones más conflictivas, sobre
todo cuando hay choque de intereses al interior de su partido. Por su
parte, Peralta encabezó la pelea por reducir el poder del expresidente
Leonel Fernández para lograr la reforma de la Constitución que permitió
la reelección del actual mandatario.
Sería un error creer que el presidente
ha capitulado o asumido por completo los reclamos de la oposición
política y de la sociedad civil organizada. Más bien estaría tratando de
neutralizarlos, haciendo concesiones. Aunque desde el inicio del debate
sobre la JCE tras el anárquico resultado en que devino el resultado de
las elecciones de mayo, empañando su amplia victoria, Danilo Medina
habría comenzado a buscar distancia de la línea que proclamaba la
ratificación de los actuales titulares, y se le atribuyó apoyar personas
con mayor legitimidad y menos conflictividad. Roberto Rosario estaba
descalificado antes que Estados Unidos le quitara las visas.
Reclamo que gana terreno
El gobierno no puede ignorar el
terreno que ha ganado la demanda de una JCE consensuada, con
profesionales de experiencia, eficiencia, integridad e independencia de
cualquier otro poder, logrando el apoyo de la Conferencia del
Episcopado, (incluyendo el escepticismo expresado por el arzobispo
Ozoria), de altos empresarios y medios de comunicación, y del mediador
Agripino Núñez. A ello ha
contribuido la integración en un bloque de toda la oposición política y
la constitución de la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática
(IDEM) que agrupa a unas 40 instituciones sociales y consorcios de
organizaciones, desde las empresariales, y religiosas hasta las sociales
y comunitarias.
Ha ayudado también la coherencia con que
los demandantes han sostenido su planteamiento de árbitros imparciales,
y tanto los 12 partidos de oposición como las organizaciones sociales
han sostenido un firme rechazo al reparto de puestos en la JCE,
fomentando la institucionalidad democrática, libre de conflictos de intereses.
La declinación del doctor Eddy Olivares a ser reelecto en la JCE, por
estar vinculado al principal partido de oposición, el PRM, y la decisión de éste partido de someter a juicio disciplinario a dos dirigentes que presentaron candidaturas, fueron elementos impactantes.
Varios documentos de esos partidos,
incluyendo una carta esta semana al mediador Agripino Núñez Collado,
constituyeron planteamientos de firme oposición y advertencias de
dificultades de gobernabilidad en caso de que el PLD ratifique su
control de los órganos arbitrales. Aunque desperdiciaron el escenario de
mediación de Núñez Collado y no atendieron el llamado de la sociedad
civil para mantenerlo.
La fórmula Castaños Guzmán
Julio César Castaños Guzmán, candidato de consenso para presidir la JCE, según varias versiones
Desde mediados
de la semana en diversos ámbitos políticos se barajaba la transacción
gubernamental que promueve para la presidencia de la JCE al doctor Julio
César Castaños Guzmán, portador de honorabilidad familiar, de espíritu
conciliador y casi imposible de ser objetado por ningún sector político o
social significativo. Actualmente primer sustituto del presidente de la
Suprema Corte de Justicia, y presidente de su Sala Civil y Comercial,
fue miembro de la JCE del 2002 al 2010, y la presidió en el período 2006-10, sin generar antagonismos con ningún sector.
Castaños no pasó por la evaluación de la comisión senatorial, pero con su récord no
la necesita y el pleno del Senado tiene facultad para escogerlo. Esta
semana disertó sobre los desafíos de la democracia. Ha sonado también
para presidente, con auspicios del sector que lidera Leonel Fernández,
el exfiscal y actual juez José M. Hernández Peguero, considerado parcial
por haber sido precandidato del PLD. Se mencionó también a Jorge
Subero, quien presidió brevemente la JCE, antes de ser electo presidente
de la Suprema Corte, pero habría sido objetado por el sector
leonelista.
El “aterrizaje suave” del gobierno
incluiría al doctor Santiago Sosa, quien fuera dirigente de
Participación Ciudadana, y en los últimos años preside la Junta
Electoral del Distrito Nacional. Suenan también Henry Mejía, vinculado
al Partido Revolucionario Dominicano, el actual director del
departamento de partidos políticos de la JCE, Guarino Cruz, la abogada y
comunicadora Carmen Imbert Brugal, y los exmiembros de la JCE Luis
Mora, Salvador Ramos y Rafaelina Peralta.
De los actuales miembros, descartado
Rosario y autoexcluido Eddy Olivares, se baraja a Rosario Graciano,
quien llegó como dirigente del PLD, y al politólogo y abogado José Angel
Aquino, el mejor técnico para dar continuidad, pero objetado por
Roberto Rosario, quien lo llevó a la JCE pero no pudo doblegarlo.
Rosario estaría promoviendo ante sus amigos del Senado a Mejía y a
Ramos. Objeta a Graciano, quien en la evaluación lo habría acusado de
personalizar la JCE, la que deja con déficit de mil millones de pesos.
Roberto Rosario, actual presidente de la JCE
Urge concertación política
Aunque no haya repartición en la
JCE como plantea la oposición política y la sociedad civil, tendrá que
mediar algún nivel de concertación, no sólo para la presidencia, sino
también para los otros 4 titulares del organismo. La oposición señala el
caso del Tribunal Superior Electoral donde llevaron de presidente a un
honorable académico de la Universidad Madre y Maestra, Mariano
Rodríguez, pero lo rodearon de jueces comprometidos políticamente que lo
dejaron sin poder de decisión.
La concertación político-social,
planteada por la IDEM, tendría el beneficio adicional de abrir acuerdos
para integrar el Tribunal Electoral y la Cámara de Cuentas, lo que
también es inminente, y crearía un nuevo escenario donde podrían
replantearse los pendientes pactos eléctrico y fiscal.
Las perspectivas fiscales del gobierno,
con un presupuesto altamente deficitario para el próximo año, y
acabándosele la pista del endeudamiento, recomiendan transar en busca de
gobernabilidad. Se cree que por lo menos un sector del gobierno lo
entiende así, pero no en los ámbitos del Partido de la Liberación Dominicana.-
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