Las mujeres dominicanas presentan una 
realidad particularmente heterogénea, que tiene sus raíces en la forma 
específica que adoptó el mestizaje tras la llegada de Colón a la isla La
 Española en 1492 y en la importación masiva de esclavos y esclavas 
africanos/as en los siglos XVI y XVII. A estas diferencias de raza se 
unen las de clase en el contexto de una pobreza muy extendida.
Históricamente, la acción colectiva de mujeres ha estado limitada
 por las invasiones, dictaduras, revoluciones y gobiernos autoritarios 
que ha sufrido el país desde su independencia. Así es como la lucha por 
el voto femenino, que contó con una organización importante, la Acción 
Feminista Dominicana, se dio bajo la dictadura de Trujillo, sin que la 
obtención del mismo, en 1942, significara la ciudadanía plena. El Estado
 ha desarrollado por años prácticas clientelistas hacia las mujeres, 
especialmente de sectores pobres urbanos y rurales, creando mecanismos 
de cooptación que han dificultado enormemente el desarrollo de 
reivindicaciones específicas. Sin embargo, desde los años 70, en el 
marco de las actividades del Decenio de Naciones Unidas para la Mujer, 
han surgido grupos y organizaciones que, desde diferentes vertientes, 
han ido conformando un movimiento social. La prolongada crisis económica
 y sus secuelas de pobreza ha dado a muchas organizaciones femeninas una
 peculiar sensibilidad frente a los apremiantes problemas sociales de 
los sectores populares urbanos y rurales, constituyendo un desafío la 
incorporación de reivindicaciones específicas de género.
En las últimas décadas las mujeres dominicanas han modificado en 
forma notable sus rasgos sociodemográficos. En cifras promedio, son ya 
mayoritariamente urbanas, principalmente jóvenes adultas (y no 
fundamentalmente jóvenes como hace sólo veinte años) y han reducido a 
más de la mitad la cantidad de hijos que tienen durante su vida fértil. 
Sin embargo, dada la heterogeneidad existente en la población femenina, 
tales cifras promedio se desagregan ampliamente según ciertos factores: 
zona de residencia y nivel socioeconómico, sobre todo. Así, la mujeres 
rurales y las de estratos bajos tienen aún en torno a cinco hijos en su 
vida fértil, mientras las urbanas y de estratos medios y altos no llegan
 a tres hijos.
La participación de las mujeres en el mundo laboral también ha 
crecido considerablemente, de acuerdo a todas las fuentes disponibles. 
Se estima que, al iniciarse los noventa, cerca del 40% de la fuerza de 
trabajo nacional está compuesta por mujeres, proporción que presenta un 
incremento continuo.
Otra de las transformaciones importantes se refiere al aumento 
del nivel educativo de las dominicanas. Es cierto que todavía sufren 
notables deficiencias educacionales, especialmente en las zonas rurales,
 pero en cifras promedio alcanzaron y superaron a los varones en las dos
 últimas décadas: en 1991 la proporción de personas que poseía estudios 
secundarios y universitarios era mayor en la población femenina que en 
la masculina.
También han mejorado sus condiciones de salud desde mediados del 
presente siglo, pero dado lo extremadamente deficientes que eran 
entonces esas condiciones, hasta hoy presentan dificultades 
considerables, que se agravaron en diversos aspectos con la fuerte 
crisis económica que azotó el país durante los años ochenta.
La incorporación de dominicanas a posiciones de poder -ejecutivo,
 legislativo y judicial- ha sido lenta y con altibajos. Nunca una mujer 
ha ocupado un cargo de jueza en la Suprema Corte de Justicia. Sin 
embargo, sus reivindicaciones se han legitimado progresivamente a partir
 de la acción concertada de mujeres de organizaciones sociales y 
políticas. Una expresión de ello fue la incorporación de demandas 
femeninas en los programas de gobierno de todos los candidatos a la 
Presidencia de la República en las elecciones de 1990. Paralelamente el 
movimiento de mujeres formuló su Programa Mínimo Feminista para evaluar 
las propuestas de los partidos.
En el ámbito de la acción social colectiva de mujeres, República 
Dominicana cuenta actualmente con organizaciones y grupos, organismos no
 gubernamentales de investigación y acción social, organizaciones 
políticas y asociaciones gremiales y profesionales. Con una Coordinadora
 de Organizaciones No Gubernamentales del Area de la Mujer ha logrado 
articular demandas, movilizarse por cambios legislativos y elaborar 
planes de acción por el mejoramiento de su condición. En vísperas de 
elecciones generales las mujeres organizadas buscan nuevamente la 
interlocución con los partidos políticos con el objeto de mejorar su 
participación en cargos de representación y en el futuro gobierno.
El proyecto de investigación Mujeres Latinoamericanas en Cifras 
fue desarrollado en República Dominicana por Gisela Quiterio Benítez y 
Elizabeth Ferreras Blanco. La presentación de resultados fue realizada 
por la Coordinación Regional, atendiendo a las necesidades de 
comparación del caso dominicano con el resto de los países de América 
Latina.
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